Peronismo contra Peronismo

Que el pueblo argentino siga apoyando mayoritariamente a los herederos políticos de Juan Domingo y Eva Perón, quienes pusieron las bases de la decadencia y la ruina del que fue uno de los países más ricos y prósperos del mundo, sería, sin duda, uno de los grandes misterios de la política... si no fuera porque la mayoría de los argentinos todavía padece el hechizo de la “justicia social” peronista y aún creen que su país, como aprendieron en la escuela, dispone de inagotables riquezas que, adecuadamente distribuidas –y por muchos que sean los bocados que los “distribuidores” guarden para sí y para sus clientelas–, bastarían para procurar a todos los argentinos un nivel de vida comparable al que disfruta la clase media estadounidense.

Aunque la opción liberal representada por López Murphy obtuvo un 16,5 por ciento de los sufragios, lo que la consolida como alternativa al peronismo en sustitución de la Unión Civica Radical –el partido de Alfonsín y De la Rúa cuyo candidato apenas superó el 2 por ciento de los votos–, serán las dos corrientes mayoritarias del peronismo, representadas por Carlos Menem
(24,3 por ciento de los votos) y Néstor Kirchner (21,9) las que disputen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sumado el 14 por ciento obtenido por Rodríguez Saa, el voto peronista contabiliza una holgada mayoría del 60 por ciento.

Es cierto que los programas de Menem y de Kirchner son casi diametralmente opuestos. Kirchner, el candidato de Duhalde, representa el discurso peronista clásico anclado en el populismo, el subsidio, el intervencionismo y el nacionalismo económico; mientras que el de Menem, semejante en algunos puntos al programa de la convertibilidad y a la opción liberal de López Murphy, apuesta por la reforma de la Administración y por las rebajas impositivas para incentivar el consumo y relanzar la economía, de tal forma que sea posible recaudar lo suficiente como para obtener superávit presupuestarios que permitan hacer frente al pago de la deuda externa.

Sin embargo, serán los sindicatos, los árbitros tradicionales de la política argentina, quienes tengan la última palabra respecto al programa que uno u otro candidato finalmente lleven a cabo. No es ningún secreto que fue Duhalde, después de apartar a Menem del liderazgo del peronismo y de perder las elecciones contra De la Rúa, quien se encargó de dinamitar el gobierno de este último apoyándose en las mafias sindicales de la provincia de Buenos Aires, bajo su control. López Murphy, que ofrecía la última esperanza de salvar la convertibilidad y evitar el posterior hundimiento financiero y económico de la Argentina, fue literalmente expulsado del gobierno de De la Rúa por las violentas movilizaciones sindicales, a las que también el entonces presidente finalmente sucumbió después de 17 huelgas generales. Prueba de ello es que Duhalde no ha sufrido ni una sola huelga en su año largo de mandato –ilegítimo–, precisamente cuando Argentina estaba tocando fondo y, en uno de los principales países productores de alimentos del mundo, hubo muertes por desnutrición. Y es evidente que Kirchner, el candidato de Duhalde, heredaría el respaldo sindical de su antecesor.

También Menem presume de su control sobre los sindicatos –excluido Buenos Aires– y de su influencia en el justicialismo. Por ello, el próximo 18 de mayo supondrá una reedición de la pugna entre Menem y Duhalde por el liderazgo del Partido Justicialista o, lo que es casi lo mismo, por el apoyo sindical. Y no es ningún secreto que el precio a pagar por ello es la perpetuación, de una u otra forma, del cáncer que ha carcomido a la Argentina durante más de cinco décadas: el estatismo y el subsidio. Únicamente hay que decir a favor de Menem –quien, por cierto, podría aprovechar su posible investidura como presidente para escapar a los juicios por corrupción que tiene pendientes, entre los que destaca el tráfico ilegal de armas a Oriente Medio– que al menos es consciente de que es preciso aplicar recetas económicas ortodoxas, aunque sólo sea para poder generar la riqueza con que pagar el chantaje sindical.
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